Anti corrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus informaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito.
El delito que Anti corrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de lascandidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones oagrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”.
El relato de Anti corrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez.
El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodistas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuesta mente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de Francisco Camps.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año.
Ahora, la Fiscalía Anti corrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata lasaveriguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtelque dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del ex presidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anti corrupción consistiría en que a las menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008.
Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP.
Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana , Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.
Anti corrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”.
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana.
En la denuncia de la Fiscalía Anti corrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anti corrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz yFacsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anti corrupción.
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008” .
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