sábado, 16 de diciembre de 2017

¿Acciones destructivas?

Publicado: 14 dic 2017 14:46 GMT | Última actualización: 14 dic 2017 15:35 GMT

Primero fue el Acuerdo de París, después el TTP y ahora Trump retira a su país del Pacto Mundial de la ONU sobre la protección de migrantes y refugiados. ¿Por qué EE.UU. se está aislando tanto de la comunidad internacional? El presidente estadounidense Donald Trump ha abierto tierras protegidas al uso comercial, lo que ha levantado fuertes críticas por parte de ambientalistas e indígenas. En varios países se han manifestado sobre el traslado a Jerusalén de la Embajada estadounidense en Israel.

miércoles, 13 de diciembre de 2017


Eslovaquia es el primer país europeo en poner a prueba el medicamento hecho en la isla caribeña. Los resultados han sido positivos en los pacientes a los que se les ha aplicado.
Aplican con éxito en Europa medicina cubana que evita amputaciones en casos de pie diabético
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Heberprot-P, un medicamento creado en Cuba y que se ha aplicado con éxito para evitar amputaciones en casos de úlceras de pie diabético, fue puesto a prueba en Europa.
Eslovaquia es el primer país de ese continente que comprueba en pacientes esta medicina, única en su tipo, desarrollada en la isla antillana por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).
Los resultados fueron positivos, informaron las autoridades de salud de Cuba y Eslovaquia durante la primera sesión del comité técnico Eslovaquia-Cuba, desarrollada en La Habana.
"Valoramos altamente la efectividad del producto, con un impacto evidente en casi el 100 % de los pacientes tratados", dijo Boris Bánovsky, director médico del Ministerio de Salud de Eslovaquia, citó Telesur.
"En muchos de los casos, las lesiones cicatrizaron completamente", mencionó, por su parte, Ridel Febles, especialista cubano en angiología y cirugía vascular.
En octubre pasado, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, visitó algunos de los hospitales de su país donde se aplica el medicamento. Tras comprobar los resultados, elogió los alcances de la medicina cubana, reseñó Prensa Latina.
El Heberprot-P es "un medicamento novedoso y único, prescrito para la terapia de la úlcera del pie diabético (UPD) y basado en el factor de crecimiento humano recombinante (FCHrec.)", que se aplica "mediante infiltración intralesional directamente en el sitio de la herida", reza en la página web del producto.
Entre otros beneficios, acelera la cicatrización de UPD profundas y complejas y disminuye el riesgo de  amputaciones en pacientes con con ese tipo de úlceras.
En la página web del Heberprot-P  se da cuenta de más de 330.000 pacientes tratados en los 20 países a los que ha llegado el medicamento, incluyendo la propia Cuba

viernes, 8 de diciembre de 2017

Actualidad

Silencio internacional: Lo que no te han contado sobre la crisis en Honduras

Publicado: 5 dic 2017 13:27 GMT | Última actualización: 6 dic 2017 13:15 GMT

Denuncias de fraude, demoras en el conteo de votos, opositores asesinados por las fuerzas de seguridad y toque de queda. Una historia no contada en el corazón de Latinoamérica.
Silencio internacional: Lo que no te han contado sobre la crisis en Honduras
Partidarios de Salvador Nasralla, candidato opositor de Honduras, se enfrentan con la policía antidisturbios
Edgard Garrido / Reuters
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Hace una semana que Honduras atraviesa una crisis institucional, política y social grave. A pesar de esto, organismos internacionales y los grandes medios de comunicación de América Latina, EE.UU. y Europa poco han dicho sobre el tema. Una diferencia notable en relación, por ejemplo, a la cobertura que le han dado todos estos años a lo que pasa en Venezuela.
Una semana después de la elección presidencial, finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hondureño ha dado por ganador a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, tras realizar un "escrutinio especial". De todas maneras, la situación no está resuelta, ya que la oposición denuncia fraude y exige revisar detalladamente las actas de votación, algo que la Justicia electoral ha rechazado. Además, la misión de observadores de la Unión Europea (UE) ha sostenido, de acuerdo a Telesur, que el proceso electoral "esta lejos de estar terminado".
Joaquín Mayor, observador electoral internacional
"Las cosas que vimos nosotros, lo único que hacen es evidenciar que hubo fraude" Joaquín Mayor, observador electoral internacional
Todo esto sucede en un clima de tensión que ya ha dejado siete muertos por la represión policial y militar y la declaración del toque de queda por parte del Gobierno. Asimismo, sectores de las fuerzas de seguridad se han declarado en huelga. "Nosotros no somos máquinas ni robots y no estaremos exponiéndonos a que nos maten en las calles y a reprimir al pueblo. Además, a nuestra familia nadie la está cuidando", dijo uno de sus voceros al diario La Prensa.

La elección presidencial

El pasado domingo 26 de noviembre los hondureños asistieron a las urnas para elegir un nuevo presidente. Los principales candidatos eran el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, y Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Este último, contaba con el respaldo del partido Libertad y Refundación (Libre) del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009.
Durante toda la jornada se dieron a conocer denuncias de fraude. Joaquín Mayor, observador electoral argentino por la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) relató a Notas - Periodismo Popular que en las escuelas "había gente del Partido Nacional con listas de personas y marcaban a quien votaban"."Incluso hubo situaciones donde gente del Partido Nacional acompañaba a los votantes y les indicaba qué hacer", denunció.
Partidarios de Nasralla participan en una protesta en Tegucigalpa, la capital, para denunciar el fraude electoral / Henry Romero / Reuters
Además, explicó que el sistema de votación "es muy endeble", porque en pupitre "ponen tres cartones que te tapan y es muy fácil ver qué vota cada persona".

Actas dudosas

El TSE de Honduras habitualmente brinda resultados definitivos la misma noche del domingo o en la madrugada del lunes. Sin embargo, en esta ocasión eso no sucedió y tanto Hernández como Nasralla se proclamaron ganadores.
En el medio, durante el conteo de votos, "se cayó el sistema tres veces", recordó el analista internacional y columnista de Telesur Fernando Vicente Prieto en diálogo con RT. En esos cortes se perdieron los datos de más de 5.000 actas de votación. Los partidos políticos que respaldan a Nasralla exigieron entonces que sean revisadas detalladamente.
A pesar de esto, el TSE rechazó el pedido. Vicente Prieto subrayó que este organismo "está presidido por un miembro del partido de Gobierno", lo cual desde su perspectiva "es un escándalo". "Previendo eso los partidos opositores plantearon que debía haber un miembro de su alianza en el tribunal", dijo el analista. Y si bien fue aprobado en el Congreso "tenía que ser ratificado este año y no lo hicieron porque estaban preparando un fraude", añadió.

La hipocresía internacional

"Las cosas que vimos nosotros, lo único que hacen es evidenciar que hubo fraude", dijo Mayor a RT. Según su mirada, "cualquiera que abogue por la transparencia no debería oponerse a revisar las actas", tal como reclamó la oposición.
Además, recordó que este no ha sido un reclamo solo de quienes apoyan a Nasralla, sino también "del Partido Liberal y sectores del Partido Nacional que se manifestaron en contra del fraude".
Para el veedor internacional existe "una sensación muy fuerte" de que hay una "amplia mayoría de la gente que rechaza la elección". "Ni siquiera se trata de Salvador Nasralla, sino en contra de la reelección de Hernández", agregó.
Joaquín Mayor, observador electoral internacional
"Hay un sector que viene ligado al golpe de Estado de 2009 que se niega a dejar el poder" Joaquín Mayor, observador electoral internacional
A partir de eso, opinó que "es muy llamativo el silencio de ciertos organismos internacionales", que tienen "la costumbre de hacer expresiones en función de los derechos humanos y las libertades democráticas de otros países con cierta facilidad". La referencia es a la Organización de Estados Américanos (OEA), que también fiscalizó los comicios. "Acá callan ante irregularidades denunciadas y vistas por todo el mundo", aseguró.
En el mismo sentido, Vicente Prieto analizó que este es "un ejemplo muy claro de cómo los argumentos de democracia, transparencia e institucionalidad" son utilizados "por la derecha a nivel mundial, pero cuando los tienen que aplicar no lo hacen". Con este silencio "están legitimando y ocultando la represión que el Estado hondureño está ejerciendo para sostener esta situación".

Los golpistas que no quieren dejar el poder

Honduras es un "país estratégico geopolíticamente porque desde allí se ejerce control sobre Centroamérica y el Caribe", detalló el columnista de Telesur. EE.UU. le ha dado importancia a lo largo de su historia "con bases militares y una relación con las Fuerzas Armadas que son quienes realmente gobiernan el país hace décadas".
Manifestantes a favor de Salvador Nasralla en el marco de una protesta contra el fraude electoral / Henry Romero / Reuters
Vicente Prieto historizó que "hace ocho años le dieron un golpe de Estado a Zelaya porque decían que era inconstitucional" que convocase "al pueblo a definir si quería reformar la Constitución". No obstante, años después, "el actual presidente aprovechó una resolución del Poder Judicial controlado por él para poder reelegirse".
Cabe recordar que la reelección estaba prohibida en Honduras hasta que en 2015 la Corte Suprema modificó esta normativa. Frente a eso, "ni la OEA, ni los medios de comunicación, ni EE.UU., ni la UE dijeron nada".
Por su parte, el observador internacional completó analizando que "hay un sector que viene ligado al golpe de Estado" de 2009 que "se niega a dejar el poder y es evidente que está haciendo todo lo posible". Sin embargo, "el pueblo no se va a quedar quieto y esto puede salirse de control, si es que no está pasando ahora".
Santiago Mayor

jueves, 7 de diciembre de 2017

Y el narcisista Tramp-ero como se temía la ha terminado de liar, y como no, en favor de los judíos (que son los que financian las elecciones)
¿Por que lo ha hecho? porque sabe que con el enfado de los árabes, al final venderá unos cuantos misiles mas, (que es lo que le interesa a su cuenta corriente).

De momento esta es la noticia. Pero que no cunda el pánico, solo ha sido un lapsus.   Nos volverán a hablar de Catalunya....... No de la Gurtel.        sisco

martes, 5 de diciembre de 2017


¡A por ellas!: 'La manada militar' sigue de cacería

Publicado: 4 dic 2017 13:22 GMT
Mientras la mayoría de los periodistas se afanan en recabar cualquier información sobre la supuesta violación cometida por 'La Manada' en julio de 2016, en Pamplona (Navarra), 'otra manada', formada por oficiales militares, continúa de cacería en su coto privado, llamado las Fuerzas Armadas Españolas. Cosas del periodismo moderno, donde solo existe aquello que los focos iluminan. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, o precisamente por ello, la caza continúa en ese 'Estado' dentro del Estado, que es el mundo castrense español.
"Le dijo que abriera las piernas y empezó a tocarle la parte inferior de los muslos, acariciándoselos, y también las nalgas, como si las estuviera restregando. Luego le dijo que se incorporar lateralmente, sobándole ambos costados y pechos. La soldado pudo apercibirse de los suspiros del teniente, que le parecieron jadeos sexuales, y tuvo la sensación de que estaba nervioso y miraba hacia los lados para ver si venía alguien. Tras la prueba sintió impotencia y mucha rabia, pues si no hubiese sido un teniente le hubiera propinado un bofetón. Por la noche empezó a llorar, al recordar lo sucedido". 
Lo que sufrió esta chica 'solo' es una de las veintiocho agresiones sexuales por las que fue condenado un capitán del Ejército español. Se trata de un récord. Un macabro récord: haber sido procesado por semejante cantidad de agresiones sexuales y continuar en el puesto de trabajo como si nada. Bueno, como si nada no, ascendiendo y esas cosas. Este 'cazador' constituye también, tristemente, una insólita excepción, aunque no por haber sido condenado por agresión y/o acoso sexual y continuar en el Ejército, eso es norma cuando de oficiales se trata, sino por haber sido condenado.
Según datos del propio ministerio de Defensa, solo el 24% de las denuncias por acoso –no solo sexual– terminan en condena. Algo todavía más alarmante: entre 2003 y 2013 solo se produjeron 62 denuncias por acoso sexual en una institución en el que el 12,5% (15.074 militares) de su personal son mujeres. Es decir, la fría estadística asevera que solo un 0,41% de mujeres militares denunciaron algún tipo de acoso o agresión sexual en una década (ello sin tener en cuenta que el número total de mujeres en una década es muy superior al anual).

Desfile militar del Día Nacional de España, 12 de octubre de 2017. / Oscar Gonzalez / www.globallookpress.com
El gran problema que arroja esa cifra, de la que Pedro Morenés llegó a presumir cuando estalló el 'caso Zaida' en el año 2015, es lo escandalosamente baja que resulta si la comparamos con estadísticas similares de otras Fuerzas Armadas. En Reino Unido, más del 50% de las militares de la RAF pasaron por el drama de ser acosadas; en Bélgica, fueron el 92%; o en Canadá el 27% (unas 1.000 agresiones sexuales de distinta intensidad al año). Para hacernos una idea, del año 2003 al año 2013 el resultado entre Canadá y España, teniendo en cuenta estos datos, sería de 10.000 a 62 agresiones y/o acosos sexuales. ¿Son los canadienses, belgas o británicos depredadores sexuales y los españoles ciudadanos extremadamente respetuosos con la mujer? Me temo que no.
Esta misma semana, supimos de dos casos aterradores. Por un lado, una marinero denunciaba haber sido expulsada por segunda vez después de denunciar acoso. Por otro, éramos conocedores de las vejaciones y el acoso al que sometieron a un soldado de forma generalizada en su unidad: "¡Soldado Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!". Si bien los oficiales, una vez condenados por acosos o agresiones sexuales, continúan sus carreras militares sin mayor problema, en los dos casos relatados anteriormente el final para la víctima fue el mismo: la expulsión. No se trata, lamentablemente, de una excepción en un mundo carente de justicia y en el que impera el rango y la disciplina por encima de todo: en las Fuerzas Armadas el 'fuerte' sobrevive y el 'débil' perece. Y el 'débil' en las agresiones sexuales es la mujer, motivo por el que en lugar de prestarles el mayor apoyo posible se apresuran a expulsarlas del sistema. Sea como fuera, "si algo pasó se lo buscarían ellas" o, en todo caso, "las Fuerzas Armadas no son una oenegé y no se puede cuestionar la disciplina del mando". Ya saben.
Y es que el Ejército español es un coto privado de caza donde 'La manada militar', la oficialidad, acecha a su antojo sin injerencias de medios de comunicación, cuerpos policiales, instituciones judiciales o políticos. Un coto en el que las víctimas sufren la última vejación de ser expulsadas a la vez que sus agresores continúan en sus puestos. Le ocurrió a Zaida Cantera con el coronel Lezcano-Mújica, le ocurrió a la marinero agredida sexualmente en Alborán, le ocurrió a Elisa Romera, le ocurrió a las escasas mujeres que consiguieron que condenaran a sus mandos militares, y le ocurrió y ocurre a la mayoría de las militares que no consiguen condena o que ni siquiera denuncian. Mujeres que tienen que vivir el resto de sus vidas con el dolor, la rabia y la impotencia de no haber conseguido ni siquiera denunciar aquello por lo que pasaron. Mujeres, todas ellas, que sufrieron a 'La Manada militar' sin que los medios de comunicación quisieran saber de ellas.
Quizá les faltó que las violasen salvajemente entre cuatro o, tal vez, les faltó que les prestasen la misma atención que hace poco un programa de una televisión nacional dedicó a lo importante que es no consumir sushi de pollo. Importantísimo, sin duda.
O no, rectifico, no es para tanto. No lo es. ¡Qué exagerado! Adelante 'Manada militar', España os cobija: ¡A por ellas!

sábado, 25 de noviembre de 2017

"El independentismo en Puerto Rico ha sido perseguido y criminalizado por EE. UU."

Publicado: 23 nov 2017 18:36 GMT

"EE.UU. va a tratar de destruir cualquier medio que busque informar y educar a cualquier pueblo", así comenta Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño, el escándalo con RT America. ¿Quién decidió que el mayor problema de EE.UU. era el exceso de democracia? ¿Sigue vigente la idea del independentismo en Puerto Rico? ¿Cuáles son las consecuencias de su ocupación militar, por ejemplo las del programa de la esterilización de las mujeres puertorriqueñas? Véalo en 'Entrevista', de RT.
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Oscar López Rivera ha sufrido un encarcelamiento de 35 años de duración. Por eso nuestra entrevista comienza con una sincera pregunta sobre su estado de salud. Este firme defensor de la independencia de Puerto Rico nos responde que se encuentra muy bien, aunque reconoce que "parte de la meta de los carceleros es deshumanizar al preso, ponerlo en situaciones donde su salud quede constantemente en peligro y quitarle su fuerza de voluntad".
A pesar de ello, nos confía que puede afirmar con seguridad que salió de la prisión "con el espíritu, con la dignidad y con el honor incólumes", y nos ofrece una sencilla explicación al respecto: "Cuando uno está cumpliendo un deber ciudadano y cree que está sirviendo a una causa justa y noble… eso le da fuerzas".

El imperio del miedo

Durante la entrevista, López Rivera relata que EE.UU. llegó a Puerto Rico en 1898 y llevó a cabo una ocupación militar con la que impuso "una elite de puertorriqueños que iban a servirles y a ayudar a administrar la colonia. Durante 119 años, ha sido esa élite la que ha cultivado el miedo, con las directrices del Gobierno estadounidense".
Nuestro invitado denuncia a continuación el "sistema de padrinazgo" que se ha establecido en Puerto Rico como forma de someter políticamente la voluntad de los ciudadanos, forzando lealtades a cambio de la posibilidad de conseguir empleos o medios de subsistencia. "No es solo el miedo a perder un trabajo o a perder la familia… es también el miedo a perder la libertad", añade.
En ese sentido, quiso señalar también que "el independentismo en Puerto Rico ha sido perseguido, ha sido criminalizado desde el momento en que EE.UU. entró", y denunció que, históricamente, "Puerto Rico ha sido un conejillo de indias para todas las cosas malas que EE.UU. se inventa".
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"Exceso de democracia"

López Rivera nos recuerda que "fue en 1971 cuando un grupo de grandes millonarios como David Rockefeller se reunieron y decidieron que el problema fundamental, el problema más grande de los EE.UU., era que había un exceso de democracia. De esa idea nacen los 'think tanks', las privatizaciones, la globalización, y la desregulación de la industria bancaria. Y nace también la idea de que las universidades tienen que ser más controladas". En esa misma línea, añade que "el neoliberalismo es un subproducto de todas estas ideas".
Y como ejemplo cercano y obvio, señala que "en Puerto Rico todo está privatizado, nuestra nación está completamente privatizada".

Los medios de comunicación en EE.UU.

López Rivera está convencido de que, en EE.UU., "los medios de comunicación jamás van a fomentar una información que vaya en beneficio de la educación del pueblo, o que sirva para concientizar al pueblo y ayudarle a tener una buena apreciación de su realidad. Eso no va a pasar".
Como despedida de la entrevista, nuestro invitado expresa su deseo de que RT "pueda sobrevivir a cualquier ataque y a cualquier intento de destrucción, porque se necesitan medios de comunicación que lleven mensajes al mundo entero", y destaca que "no tienen que ser mensajes ideológicos, sino mensajes de verdad que sirvan para educar a los pueblos".

martes, 21 de noviembre de 2017


El 'crimen' de no hablar español tiene a más de 8.000 indígenas mexicanos en la cárcel

Publicado: 15 nov 2017 21:10 GMT | Última actualización: 16 nov 2017 10:04 GMT
El 'crimen' de no hablar español tiene a más de 8.000 indígenas mexicanos en la cárcel
Una familia de indígenas tarahumara en Guachochi, México, el 30 de noviembre de 2011. / Jose Luis Gonzalez / Reuters
Firmar la hoja en blanco y admitir la culpa porque no queda de otra, porque no hablas español, porque eres indígena.
Hasta noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estimaba que unos 8.500 indígenas permanecían recluidos en los centros penitenciarios del país. De esa cifra, apenas el 15% supo de qué se le acusaba, porque solo ese porcentaje tuvo acceso a un traductor.
Mujeres de una comunidad indígena participan en una marcha en Ciudad de México. / Henry Romero / Reuters
René Ramírez, directivo de la Organización de Traductores Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indigenas (Otigli), dice que en la actualidad el número es más alto, "de unos 10.000". Solo en el Distrito Federal, la cifra aproximada es de 2.000 reos. ¿Cuál es la mayor dificultad para contabilizarlos? Que la mayoría no admite su procedencia étnica "por el asunto de la discriminación" durante el proceso judicial y hasta dentro de los recintos penitenciarios. En ese silencio, empieza el túnel hacia la falta de garantías procesales.

La voz del otro

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 24,4 millones de personas en México se identifican como indígenas, lo que representa un 21,5% de la población. De ese grupo, unos 7,3 millones no hablan español.
En algunos municipios, especialmente en Oaxaca, la población habla mayoritariamente sus lenguas originarias y el español es un idioma ajeno. Esa realidad ha permitido la preservación de su acervo cultural pero, al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los escollos más difíciles de superar en la preservación de sus derechos procesales. 
Aunque la Constitución Política de México reconoce el derecho a los indígenas a contar con acceso pleno a la jurisdicción del Estado, la realidad tiene varias leguas de rezago: "En el interior del país vemos cómo alrededor del 80% de los acusados por algún delito no tiene la asistencia de un traductor. Se les condena sin enterarse de qué se les acusa o no pueden defenderse porque no hablan español, no hay quien les ayude", explica Ramírez.
En mayo de este año, un grupo parlamentario encabezado por el diputado Jorge Álvarez presentó ante el Senado una iniciativa para la elaboración de un decreto de Ley de Amnistía que beneficiara a indígenas que, durante un proceso penal, no se les hubiese garantizado el acceso en la jurisdicción en su lengua. En la exposición de motivos del proyecto se referían casos de privaciones de libertad a hombres "porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa" o porque recolectaron peyote para consumo personal, "o ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con droga". Hasta ahora, no se ha decidido al respecto.

Centro y periferia

Datos recogidos en abril de este año por Animal Político refieren que de toda la población penal indígena recluida en México, unos 8.000 están aún a la espera de una sentencia: es decir, pagan prisión sin condena firme. La mayoría no sabe por qué está allí.
Soldados del Ejército mexicano en el estado mexicano de Guerrero. / Emiliano Torres / Reuters
En ese contexto, hace 17 años, nació Otigli. La organización, de indígenas para indígenas, fue fundada el 10 de noviembre de 2001 con el propósito de asistir a los acusados que no hablan español. Comenzaron a ofrecer el servicio de traductores de náhualt y mazateco, pero ya cuentan con intérpretes para 50 de las 68 lenguas oficiales.
Pero más allá de los esfuerzos que hacen las asociaciones civiles sin fines de lucro, el problema se agrava por el escaso número de defensores que sepan comunicarse en las lenguas nativas de los procesados. Ramírez asegura que en la capital la situación es menos crítica desde 1997, cuando comenzó "el proceso de sensibilización" sobre los derechos lingüísticos de las étnias, pero no es en Ciudad de México, donde hay mayor concentración de indígenas.
Al sur del país, especialmente en Oaxaca y Yucatán, hay más de 300 municipios donde más del 40% de su población es indígena. Un informe de la CNDH advierte que son esas las comunidades más vulnerables en el ámbito judicial, no sólo por el desconocimiento de los derechos que les asisten y su condición monolingüe, sino por "la escasa visita familiar que reciben" porque están recluidos lejos, por falta de dinero de los suyos, por la precaria atención médica dentro de los recintos penitenciarios y, claro, por la discriminación.
Un hombre intenta crear una barricada contra el ingreso de vehículos militares en la zona. / Emiliano Torres / Reuters
Organizaciones como Otigli han empezado a trabajar junto a la Procuraduría a través de convenios para disminuir la situación de vulnerabilidad, pero la atención es insuficiente porque se circunscribe casi siempre a la capital y no logra abarcar la periferia. Eso sin contar que en México, por cada 600.000 habitantes indígenas, hay solo un defensor público federal. 

Reencuentro cultural

Cuando en Otigli empezaron a reclutar traductores, exigían que contaran con un título universitario. "Pero la realidad de nuestro país no daba para eso, teníamos muchas demandas y pocas personas", narra Ramírez. Por eso, el requisito mínimo para ellos es tener la secundaria terminada.
Una vez admitidos el grupo, se les ofrece una capacitación mínima sobre lenguaje jurídico que les permitan ser instrumentos de comunicación. La experiencia también ha servido, al menos en Ciudad de México, para que cientos de hablantes de lenguas nativas se vuelvan a conectar con su palabra primigenia, con la forma de ver el mundo que recuerdan de la infancia y que habían dejado de usar en la capital.
Portada de uno de los libros editados por Otigli. / Alantl Molina
"Yo pienso que esto nos ha ayudado a subir nuestra autoestima cultural, nos recuerda la utilidad de la lengua que aprendimos y es bonito cuando es para ayudar a otros. Aquí hay traductores que tenían 40 años sin hablar su idioma nativo porque se habían mudado a Ciudad de México, pero ahora reivindican su identidad, se empiezan a buscar como comunidad y alimentan un 'yo' colectivo. Esa es una gran recompensa".
El propio Ramírez es traductor del idioma otomí, también conocido como ñuhu, que tiene una familia de variantes dialectales en todo el país y es el séptimo más hablado en México después del náhuatl, el maya yucateco, el zapoteco, el mixteco, el tzotzil y el tseltal: "Yo le hago de gestor de mi comunidad y trato de estar más activo con ella, de mantener un vínculo más cercano y permanente con mi pueblo, de fortalecer mis valores".

Lengua viva

Pero el carozo del problema, más allá de las dificultades jurídicas, es educativo y social. La falta de herramientas para que las comunidades indígenas puedan tener una vida con plenas garantías de derecho pasa por la posibilidad de comunicarse en su lengua nativa sin ser objeto de discriminación.
La directora de Investigación y Evaluación de la coordinación general de educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, Bety González, resalta que los esfuerzos existen.
"Nos enfocamos en tres sentidos, todos necesarios: desarrollo de marcos jurídicos de protección y derechos lingüísticos, desarrollo de políticas lingüísticas asociados a esos marcos jurídicos, y propuestas de preservación". En ese último punto resalta el proyecto denominado 'Nido de lenguas'.
Acto de disculpa formal de la Fiscal General a tres mujeres indígenas injustamente encarceladas. / Carlos Jasso / Reuters
Ese programa consiste, básicamente, en promover que los hablantes de una lengua en peligro de desaparición "sean los maestros de los niños y les entreguen su lengua". Los resultados han sido buenos pero insuficientes, a juicio de Ramírez, quien considera que el enfoque debe ser múltiple porque "hasta los medios de comunicación están generando el debilitamiento de la identidad cultural indígena".
"Creemos que hay que visibilizar el problema en todos los espacios porque los indígenas hemos sido relegados en todas las políticas públicas: salud, educación, procuración de justicia". Los números, al menos, le dan la razón.
En el país, el 23,2% de la población que habla alguna lengua indígena es analfabeta; 7 de cada 10 viven en condición de pobreza, lo que a su vez limita su acceso a la salud y a una vivienda digna con servicios básicos. Esas desigualdades, aunadas a la falta de garantías procesales y jurídicas, mantienen a las comunidades ancestrales al margen de una exclusión que es aún más violenta cuando limita su derecho a ser entendido en la lengua que aprendió.
El poeta náhuatl Joel Martínez Hernández se refiere a los hombres que no hablan lenguas indígenas como "coyotes" que intentan exterminar del legado de los pueblos originarios: "dicen que los macehuales desapareceremos / que los macehuales nos extinguiremos / que nuestro idioma no se escuchará más / nuestro idioma no se usará más. / Los coyotes con eso internamente se alegran / los coyotes esto es lo que buscan (....) el coyote desea convertirnos en asalariados / por esto desea que abandonemos / nuestras tierras comunales / nuestras ocupaciones de gente de pueblo / nuestro propio idioma".
González, parafraseando al historiador Miguel León Portilla, dice al respecto: "si muere una lengua, desaparece o muere una forma de ver y hacer la vida. Y esa es una pérdida muy grande porque en ella está contenida la cultura. En el español, por ejemplo, la palabra 'huérfano' se usa para un hijo que perdió a un padre, pero en nuestro idioma no hay una palabra que nombre a un padre que perdió a su hijo porque es una cosa muy dolorosa. Cada cultura nombra o no un fenómenos según su manera de entenderlo".
En México, cada vocablo nativo que se profiere es un acto de resistencia. Los pueblos originarios saben que la lengua materna se defiende hablándola y al mismo tiempo, ella sabrá nombrar su mundo para defenderlos del otro. Por eso, más 10.000 indígenas aún esperan, tras las rejas, alguien que las traduzca.
Nazareth Balbás

jueves, 16 de noviembre de 2017

¿Por qué es el Perú el país con más conflictos mineros en América Latina?

Publicado: 14 nov 2017 13:11 GMT | Última actualización: 14 nov 2017 15:32 GMT

Perú presenta la mayor cantidad de conflictos mineros de toda América Latina. Desplazamientos, impacto ambiental y trabajo informal son algunos de los estragos más fuertes que ha generado el sector minero en Perú, y a pesar de que estas zonas reciben las mayores inversiones, su gente continúa sumida en la pobreza. Luis Castro reúne a los mejores expertos para poner las 'Cartas sobre la mesa' a la minería en esta región.
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¿Por qué es el Perú el país con más conflictos mineros actualmente en América Latina? A juicio de José Luis López Follegatti, abogado y coordinador general de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, es porque el país andino muestra "más dinamismo minero". En este sentido, recalca que hay todo tipo de conflictos: solucionados y no, los que se han vuelto violentos y los que se han convertido en mesas de diálogo.
Además, continúa el desarrollo de la actividad minera en el Perú. "En los últimos diez años ha crecido considerablemente el mapa de desarrollo de este sector" en ese país latinoamericano y "sería raro que no existan reacciones o reclamos" ante este crecimiento, ha opinado Miguel Lévano, oficial del programa de derechos territoriales e industrias extractivas para Oxfam Perú.
En cuanto a las características de los conflictos, el 70% de ellos son socioambientales, ha estimado Rómulo Mucho, ex viceministro peruano de Energía y Minas. También ha añadido que la existencia de una discusión debe de considerarse como algo positivo. "Siempre digo: hay que convertir un conflicto en una oportunidad", ha afirmado Mucho.
"La gente quiere que resuelva los problemas la empresa", mientras que "uno de los males del Perú es que el Estado casi nunca está presente en la comunidad", ha apuntado el ex viceministro de Energía y Minas. "Entonces tenemos un problema de descentralización", ha concluido.

Las causas principales de los conflictos en el sector minero del Perú

Según Lévano, las causas principales de los conflictos con los mineros en Perú son las afectaciones ambientales y la falta de verificación de las mismas por parte de las autoridades; el temor de la población local a la afectación a su salud, sus tierras, el ganado y el medioambiente; y el incumplimiento de compromisos por el Estado o las empresas.
Otro desafío para el sector es la minería informal, si bien esta también tiene un lado positivo, dado que "mueve la microeconomía" porque sus representantes llevan a cabo actividades de compra y venta y dan trabajo a cientos de miles de personas, ha estimado el ex viceministro Mucho. Además, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de empresas mineras en el país andino, estatales y artesanales, y entre estas últimas puede haber "aspectos informales", ha destacado José Follegatti.
"Es normal que existan conflictos", y si vienen "grandes inversiones", van a venir "grandes conflictos" también. "Lo extraño sería que no hubiera conflictos", ha concluido