Un político estadounidense puede echar a perder su carrera incluso por un comentario privado (pero que termine siendo público) que implique menosprecio de una minoría étnica, especialmente si ésta es la negra, para cuyos integrantes se ha habilitado un eufemismo políticamente correcto, afroamericanos, que no creo necesario utilizar aquí. Aunque en proporción muy inferior a la que le correspondería por su porcentaje en la población total del país, políticos negros han accedido al Capitolio, a alcaldías de grandes ciudades, al Gobierno y, hasta la Casa Blanca, en la persona de Barack Obama, que en términos estrictos es mulato: hijo de un keniata negro y una norteamericana blanca.
La discriminación positiva ha aumentado la presencia de estas minorías en la universidad, incluso en las de la elitista Ivy League, en una de las cuales fue profesor el presidente. Se diría que quedan muy atrás, como reflejo de una época convulsa, la segregación, la persecución, la discriminación y, en general, la ausencia de reconocimiento de los inalienables derechos civiles de los no blancos. Sin embargo, esa visión optimista es solo lo que muestra un engañoso escaparate tras el que se esconde una realidad vergonzosa, que la jurista negra Michelle Alexander analiza con metodología de científica y fervor de militante en El color de la justicia. La nueva segregación racial en Estados Unidos, publicada ahora en España por Capitan Swing.
La traducción casi literal del título en inglés sería Las nuevas leyes Jim Crow.Encarcelamiento masivo en la era de la ceguera de color. La cito porque se ajusta más al contenido del libro. Conviene recordar que las llamadas leyes Jim Crow constituyeron el corpus legislativo que impuso la discriminación a las minorías raciales durante cerca de un siglo, es decir, desde pocos años después de la abolición de la esclavitud consecuencia de la Guerra de Secesión hasta su derogación definitiva en 1964 y 1965 tras las campañas por la conquista de los derechos ejemplificadas por Martin Luther King.
Esas leyes establecieron en los Estados del Sur (los perdedores en la guerra) una segregación que afectaba desde las escuelas a los medios de transporte e incluso al Ejército. Se traducía en pérdida de derechos y libertades civiles, y, más a ras de tierra, en un status económico, laboral y educativo de las minorías raciales, consecuencia de la desigualdad de oportunidades, muy inferior al existente entre la mayoría blanca. Esa discriminación no tenía la misma base legal en el Norte, pero existía en la práctica y se encarnaba con especial crudeza en los omnipresentes guetos urbanos.
La tesis de Michelle Alexander es que, bajo otro aspecto, y fuera de los textos jurídicos, en medio de esa aparente igualdad de derechos entre los diversos grupos étnicos, algo parecido (aunque disfrazado) a las viejas y discriminatorias leyes Jim Crow sigue vigente en actualidad, sin que ni siquiera presidentes catalogados a veces como socialmente avanzados (como Bill Clinton o Barack Obama, primer negro en alcanzar la máxima magistratura de la nación), hayan mostrado voluntad de real de cambiar la situación que deja en evidencia la falta de base del viejo mito de Estados Unidos como modelo de libertad y justicia exportable a todo el mundo.
No se atreve Alexander a asegurar que haya conciliábulos secretos en las más altas esferas del poder político y económico en los que se decidan políticas concretas para mantener apartadas y discriminadas a las minorías (el libro se centra en la negra, aunque el análisis es extensible al resto, sobre todo a la hispana). No tiene constancia de que existan como tales conspiraciones, aunque tampoco niega que la haya. Lo que importa es el análisis de la situación real. Por eso, se concentra en lo que considera más importante: ofrecer las pruebas de que el efecto indiscutible de la acción de Gobierno es la consolidación de un sistema racial de castas. Aunque por una vía peculiar: la criminalización, encarcelamiento y aislamiento de un número desproporcionado de miembros de las minorías étnicas –sobre todo de la negra-, no formalmente por el hecho de serlo, sino porque legalmente se les considera delincuentes, con altísima frecuencia relacionados con el consumo y tráfico de drogas, a los que hay que poner fuera de circulación para defender a la sociedad más sana y genuinamente americana.
Alexander ilustra con un ejemplo, al comienzo de su libro, esta pervivencia de la injusticia racial a lo largo del tiempo: Jarvious Cotton, negro de Misisipi, no puede votar porque está en libertad condicional y con la etiqueta de delincuente convicto; su padre no pudo hacerlo por no pagar impuestos municipales y no superar las pruebas de alfabetización; a su abuelo se lo impidieron las amenazas del Ku Klux Klan; a su bisabuelo lo mató el Klan de una paliza cuando intentaba votar; y su bisabuelo no tuvo siquiera esa oportunidad, ya que era un esclavo.
“Ya no resulta socialmente aceptable”, señala la autora, “usar la raza, de forma explícita, para justificar la discriminación, la exclusión y el desprecio social. Así que no la usamos. Mejor que aludir a la raza, usamos nuestro sistema de justicia penal para etiquetar a la gente de color como delincuentes (…) Una vez que se hace, las antiguas formas de discriminación de repente se vuelven legales: en el empleo, en la vivienda, en la privación del derecho al voto, en la negación de oportunidades educativas, en los cupones de alimentación y otros subsidios públicos (…) No hemos acabado con el sistema de castas por cuestión de raza, solo lo hemos rediseñado”.
Michelle Alexander atribuye buena parte de la responsabilidad de este desolador panorama a la guerra contra la droga lanzada por Richard Nixon en los años setenta y mantenida desde entonces por todos sus sucesores en la Casa Blanca, incluso con mayor energía. El impacto de esa guerra, sostiene la autora, ha sido pasmoso. En apenas 30 años, la población reclusa ha pasado de 300.000 a más de dos millones, a los que hay que sumar los que se encuentran en libertad vigilada. Se trata de la tasa más alta del planeta, “y las condenas por droga son responsable de la mayor parte de ese aumento”.
Ningún otro país encarcela a tantos miembros de sus minorías raciales o étnicas. La proporción es incluso superior a la de los negros presos en Suráfrica en la etapa más violenta de la lucha contra el apartheid. En la misma capital federal, Washington, se estima que tres de cada cuatro jóvenes negros tiene en su horizonte vital al menos una temporada en prisión. Hay ciudades devoradas por el narcotráfico en las que “hasta el 80% de los jóvenes negros tiene antecedentes penales y están por tanto sujetos a una discriminación legalizada para el resto de su vida”. Y, sin embargo, diferentes estudios demuestran que todos los grupos raciales (incluido el blanco mayoritario) violan en similar proporción las leyes antidroga, aunque esa situación no se refleja en la distribución de la población carcelaria.
Un negro de EE UU tiene aproximadamente seis veces más posibilidades de acabar en prisión que un blanco, y 2,5 veces más que un latino. Más del 36% de los presos son negros (pese a suponer el 13% de la población), un 33% blancos (63%) y un 22% latinos (17%). Una consecuencia, por supuesto, de la diferencia de nivel de vida entre las distintas comunidades (otra señal de discriminación), pero también, según demuestra Alexander, de la utilización torticera de la lucha antidroga que excluye socialmente a millones de personas. “Si se mantiene la actual tendencia”, concluye Alexander, uno de cada tres jóvenes afroamericanos cumplirá condena”.
Un capítulo del libro explica precisamente los mecanismos por los que un sistema en teoría neutral en lo que respecta a la raza puede detener, condenar y encarcelar a tantos negros y de otras minorías por delitos igualmente frecuentes entre los blancos pero no conducen a las mismas consecuencias. Se trata de un funcionamiento aberrante del aparato de justicia tan lacerante como el que se expone en otro capítulo: que, con suma frecuencia, la salida de prisión no supone una libertad efectiva, sino “una nueva fase cruel de control y estigmatización”.
Alexander saca los colores a Obama por su falta de compromiso con la lucha contra la discriminación que sufre la minoría racial a la que él mismo pertenece. El presidente, sostiene, habría tenido una vida muy diferente si se le hubieran aplicado en su juventud, con razón o sin ella, las mismas o similares leyes por las que muchos negros terminan hoy en la cárcel y, una vez fuera de ella, cumplen lacadena perpetua de la exclusión social.
En sus memorias, Obama reconoce que consumió droga. Y no como confesó Bill Clinton para minimizar su falta, es decir, sin tragarse el humo. “Miren”, confesaba el futuro presidente. “Cuando yo era un chaval, me tragaba el humo. De eso se trataba (…) Yonqui, mariguanero. Podría haber ido por ese camino: el papel final, horroroso del joven negro que quiere ser hombre”.
“Si Obama hubiera sido arrestado”, concluye la autora de El color de la justicia, “y se le hubiera tratado como a un delincuente común, podría haber sido condenado a años de prisión y se le podría haber impuesto la etiqueta de delincuente grave de drogas para toda la vida. ¿Qué probabilidad habría tenido de asistir a la facultad de Derecho de Harvard, y mucho menos de convertirse en presidente de Estados Unidos. Parece lógico asumir que Obama, que sabe un poco de la pobreza y de las tentaciones de las drogas, podría tener una actitud más de Me podría haber pasado a mí de no haber sido por la gracia de Dios, respecto a los millones de afroamericanos y latinos encarcelados por delitos de drogas comparables a los suyos y que cargan toda la vida con antecedentes penales como delincuentes graves”.
Por eso, y por otros muchos motivos, resulta especialmente sangrante que en la América de Obama los negros lo sigan teniendo tan crudo.
Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada.