En los últimos meses, países donde los ciudadanos se han servido de Internet para organizar o difundir protestas sociales, han puesto en marcha iniciativas de control o censura de las redes sociales
En España, las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad prevén graves restricciones al ejercicio de libertades y criminalizan acciones cotidianas en las redes sociales, según juristas y colectivos sociales
- Las redes sociales, bajo la lupa de una subcomisión del Congreso
- Interior quiere que el uso de Twitter para cometer delitos suponga más castigo
Presentar las redes sociales como un problema de orden público. Esta ha sido la estrategia con la que gobiernos como el ruso, el turco o el español han encarado las nuevas olas de movilizaciones que viven estos países. Calificativos como “ la peor amenaza para la sociedad” –con la que Erdongan se refirió a ellas en plenas protestas del Parque Gezi- o la equiparación con el terrorismo –como estos días ha hecho el ministro del Interior-, son la antesala de medidas legales que amenazan la libertad de ciudadanos y activistas.
En España, el tercer aniversario del 15-M ha coincidido con una amplia campaña de criminalización de las redes sociales por parte del gobierno, políticos ( populares ysocialistas) y medios.
Como ha venido ocurriendo en la historia de Internet, la persecución tiene su origen en un suceso donde “lo digital” no tiene relevancia, ni siquiera intervención. Por el contrario, se produce en el terreno más mundano y material: en este caso, el asesinato de una política poderosa a manos, presuntamente, de una militante de su mismo partido “como venganza por el despido de su hija”.
Estos intentos de criminalización de la red social Twitter generaron, como también ocurrió en Turquía, reacciones de protesta en forma de burla, que se expresaban con el hashtag “#Tuiteaparaelevitareltalego”, presente, en solo dos días, en más de 50.000 tuits.
No hay comentarios:
Publicar un comentario