Los chipriotas sacan hoy desesperados los no más de 1.000 euros que les permiten los cajeros automáticos. Saben que pronto se les aplicará, para más sarcasmo, una “tasa financiera solidaria”, que les mermará los ahorros y que se destinará a rescatar al sistema bancario privado. Para proteger también, por tanto, a todos aquellos acreedores internacionales que podrán seguir recibiendo su dinero por las deudas contraídas por los bancos chipriotas.
Hace poco se acordó un modelo de unión bancaria en el marco europeo que reafirmaba a las instituciones financieras de la UE como mecanismos de socialización de las deudas financieras privadas y de su conversión en deudas soberanas, creando fondos que garantizaban el capital bancario, pero no los depósitos de la gente que tiene su dinero en bancos. El caso de la pequeña Chipre, apenas el 0,17% del PIB europeo, y el corralito impuesto a su población, es un experimento que puede que tengamos que recordar más adelante como un aviso a las economías periféricas.
El anterior presidente, el comunista Demetris Christofias, hostil a los requerimientos de la Troika, no buscó la reelección, y la reciente victoria electoral del conservador Nicos Anastasiades abrió la puerta a un programa que supone la solicitud inmediata del rescate a la Troika.
Las raíces de la quiebra económica chipriota responden a diferentes factores. Se ha mencionado su relación estrecha con la economía griega, pero lo fundamental en este caso es la formidable y particular quiebra de su sector bancario privado. Las necesidades de recapitalización bancaria se estimaban hace pocos meses en el 55% de su PIB (en el Estado fallido irlandés alcanzaban, en su peor momento, el 40% del PIB). El Estado chipriota ya tuvo que pedir ayuda financiera en junio de 2012, por este motivo, por un total de 1,8 miles de millones de euros. Tras haber perdido el acceso a los mercados internacionales, el Estado se encontró incapaz de financiar por sí mismo este proceso. A partir de ese momento se proyectó un Memorándum de Entendimiento con la Troika, hasta noviembre, que incluía un ajuste fiscal por un total de 7,25% del PIB (en euros, 1,3 mil millones) hasta 2016. El peso de la deuda pública sobre el PIB ascendió al 140% del PIB tras aquel primer rescate bancario del año pasado, pero ya alcanza ahora el 150%, lo que supone un riesgo de impago muy serio de la deuda chipriota.
El sistema bancario funciona con cierta opacidad, en una economía con un modelo fiscal comparable a un paraíso fiscal —casi como el de Irlanda—, lo que es sumamente atractivo para captar el ahorro de fortunas extranjeras, que cuentan allí con un total de 24 mil millones de euros, gran parte procedentes de Rusia. Por este motivo el sector bancario alcanza un tamaño inapropiado para la reducida economía chipriota, cinco veces mayor que su PIB, con lo que su insolvencia arrastra a la quiebra del país.
Ante las reticencias centroeuropeas, la Troika aportará un total de 10.000 millones de euros en forma de rescate, el quinto programa de rescate en la Eurozona, de una cuantía inferior a lo solicitado por Nicosia. Los chipriotas podrían haber solicitado una ampliación del préstamo de 2,5 mil millones de euros de forma bilateral a Rusia, que planteará coordinarse con la Troika para completar el programa.
Los rescates en esta UE, cuyo objetivo central es estabilizar el sistema financiero privado, vienen acompañados de fuertes condiciones para los Estados, lo que implica una fuerte disciplina para las clases productivas. En este caso, el primer damnificado es el depositante que verá detraído sus ahorros, y se verá afectado por restricciones para mover su dinero, para evitar la fuga de capitales. Se aplicará una tasa del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% a partir de esa cifra, una medida (exigida sobre todo por el FMI y el gobierno de Alemania) con la que se recaudarán 5.800 millones de euros. Golpeará duramente a los ahorradores, y en especial a la clase asalariada y personas jubiladas del país, que no han podido prever esta situación (que los expertos indicaban desde hace meses) o que no están en condiciones de mover su dinero a otro país, porque lo necesitan a diario. Como medida compensatoria para los depositantes, recibirán acciones equivalentes a la tasa que se les reste, ¡de un sector bancario en quiebra!. ¡Y esas acciones, de valer algo, se concentrarán en los grandes ahorradores, que serán los únicos que podrán aprovechar, si acaso, la recapitalización procedente del rescate!.
El resto de condiciones buscan el ajuste fiscal, recortando seguramente las políticas de inversión y políticas sociales necesarias; privatizaciones por unos 3 mil millones de euros y “acuerdos” para aprovechar el futuro negocio de las nuevas reservas de gas encontradas en la zona de Chipre a finales de 2011. Todas estas medidas representan la garantía de que las deudas (antes del sistema bancario chipriota, ahora del sector público) se seguirán pagando. El gas se empezará a extraer y exportar en 2018-2019, tras una inversión en infraestructuras con un coste de unos 10 mil millones de euros, que supondrían un alto rendimiento a largo plazo y fuertes ingresos para el erario público que, ahora, se desviarían en gran proporción a pagar la deuda y a formar un fondo soberano en vistas a los planes de consolidación fiscal del Memorándum de Entendimiento. Mientras se es generoso con el capital bancario acreedor y rentista, el Estado sigue expoliando la naturaleza y recortando a los trabajadores sus derechos.
Como contrapunto menor se aumentará del 10 al 12,5% el impuesto de sociedades. Es una fórmula con visos recaudadores, pero hay que indicar que el incremento debe haber sido mucho más intenso, dado el dumping fiscal del país en este capítulo y el agravio comparativo con el tratamiento a las rentas del trabajo. Al mismo tiempo, está claro que esa recaudación tendrá un destino completamente injusto e ineficaz.
En suma, el “experimento Chipre” es un aviso a navegantes del que tenemos que sentirnos aludidos. Ha llegado el momento de que los pueblos del Sur de Europa se alíen para desobedecer estas condiciones injustas de los Memoranda de Entendimiento y los Tratados europeos de austeridad y empiecen a caminar juntos para construir una estrategia económica supranacional solidaria.
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