Pedro Ruiz
Las universidades se enfrentan de nuevo a la cruda realidad de los recortes, esta vez en el programa Séneca. La política gubernamental de becas, junto con el crecimiento imparable del paro, sólo puede dar como resultado centenares de estudiantes que okupan una plaza que no pueden pagar. El Gobierno pretende erradicar un motor fundamental de igualdad en la sociedad española en la que estudiar en la universidad dejó de ser privilegio de pocos al garantizarse el acceso a las titulaciones universitarias a las familias con menor nivel de renta.
En esta última legislatura las políticas educativas se han caracterizado por la apuesta por la educación concertada favoreciendo en lo posible a los centros universitarios privados incluso con la cesión de infraestructuras. Su propuesta educativa implica dejar en manos de centros de enseñanza media de titularidad privada el control sobre el acceso a la universidad, una política de tasas que tiende a igualar los costes entre lo público y lo privado, y un incremento de las labores docentes y una disminución de plantillas en las universidades públicas con pérdida de la calidad docente e investigadora. Podemos añadir la deuda histórica de la Generalitat con las universidades, decisiones erráticas y desinversión en I+D+i y formación universitaria.
En este escenario, la reducción de las becas incrementa las barreras de acceso a la educación en una sociedad cada vez más precarizada. Más que de una situación inducida por la crisis económica, se trata del mayor ataque sistemático e ideológicamente orientado que hayan padecido la universidad y los derechos de los trabajadores desde la dictadura.
Desde las universidades se impone un cambio de lenguaje. Palabras como solicitar deben sustituirse por términos como exigir y reivindicar. Hoy la universidad, que siempre fue motor de cambio y de crítica frente a la injusticia social y la regresión en las libertades democráticas, está callada cuando no puede ni debe permanecer al margen. Además, el gobierno de la universidad debe ser consciente de que los tiempos han cambiado. Fuimos dinámicos con el movimiento 0,7 y debemos recuperar ese esfuerzo de solidaridad, aunque desgraciadamente esta vez el destinatario sea interno. Allí donde la Generalitat y el Estado vergonzantemente no han querido o sabido llegar, debemos hacerlo nosotros.
Nuestras fundaciones deben dirigirse a antiguos estudiantes, empresas y al personal para generar programas de becas propias condicionadas al nivel de renta, a un rendimiento académico razonable y a la participación de los beneficiarios en voluntariado y acción social. Por otra parte, las empresas beneficiarias de programas de prácticas deberían destinar un porcentaje económico a estas becas u ofertar becas remuneradas que contribuyan al sostenimiento de los costes académicos del o la estudiante beneficiaria. Además la universidad debería dirigirse a las entidades bancarias y comprometerlas con la sociedad que les acoge y financia poniendo su grano de arena mediante préstamos a interés cero, o como mucho el del IPC. Por último, el modelo de gestión del cobro de tasas debe permitir un pago aplazado por mensualidades e incluso diferir el pago a otra anualidad en los casos más graves.
La universidad no puede dar ni un paso atrás, ha sido modelo de convivencia, de debate social y de reivindicación de los derechos y libertades. Si cedemos un milímetro más sin plantar cara a la adversidad y a la mediocridad de nuestros gobernantes estamos condenados a un silencio culpable, a contribuir por omisión a la pérdida de nuestras libertades y derechos.
[Firman también Carmen Aranegui Gascó, Joan Carles Carbonell Mateu, Antonio Ferrer Manchón, Ivana Frasquet Miquel, María Antonia García Benau, Rosario García Mahamut, Domingo García Rodríguez, Enrique Lanuza Navarro, José López Gracia, Ramón López Martín, Antonio Marcilla Díaz, Juan José Martínez Durá, Ricard Martínez Martínez, Isabel Morant Deusa, Artemi Rallo Lombarte y Vicente Soria Sanchis]
En esta última legislatura las políticas educativas se han caracterizado por la apuesta por la educación concertada favoreciendo en lo posible a los centros universitarios privados incluso con la cesión de infraestructuras. Su propuesta educativa implica dejar en manos de centros de enseñanza media de titularidad privada el control sobre el acceso a la universidad, una política de tasas que tiende a igualar los costes entre lo público y lo privado, y un incremento de las labores docentes y una disminución de plantillas en las universidades públicas con pérdida de la calidad docente e investigadora. Podemos añadir la deuda histórica de la Generalitat con las universidades, decisiones erráticas y desinversión en I+D+i y formación universitaria.
En este escenario, la reducción de las becas incrementa las barreras de acceso a la educación en una sociedad cada vez más precarizada. Más que de una situación inducida por la crisis económica, se trata del mayor ataque sistemático e ideológicamente orientado que hayan padecido la universidad y los derechos de los trabajadores desde la dictadura.
Desde las universidades se impone un cambio de lenguaje. Palabras como solicitar deben sustituirse por términos como exigir y reivindicar. Hoy la universidad, que siempre fue motor de cambio y de crítica frente a la injusticia social y la regresión en las libertades democráticas, está callada cuando no puede ni debe permanecer al margen. Además, el gobierno de la universidad debe ser consciente de que los tiempos han cambiado. Fuimos dinámicos con el movimiento 0,7 y debemos recuperar ese esfuerzo de solidaridad, aunque desgraciadamente esta vez el destinatario sea interno. Allí donde la Generalitat y el Estado vergonzantemente no han querido o sabido llegar, debemos hacerlo nosotros.
Nuestras fundaciones deben dirigirse a antiguos estudiantes, empresas y al personal para generar programas de becas propias condicionadas al nivel de renta, a un rendimiento académico razonable y a la participación de los beneficiarios en voluntariado y acción social. Por otra parte, las empresas beneficiarias de programas de prácticas deberían destinar un porcentaje económico a estas becas u ofertar becas remuneradas que contribuyan al sostenimiento de los costes académicos del o la estudiante beneficiaria. Además la universidad debería dirigirse a las entidades bancarias y comprometerlas con la sociedad que les acoge y financia poniendo su grano de arena mediante préstamos a interés cero, o como mucho el del IPC. Por último, el modelo de gestión del cobro de tasas debe permitir un pago aplazado por mensualidades e incluso diferir el pago a otra anualidad en los casos más graves.
La universidad no puede dar ni un paso atrás, ha sido modelo de convivencia, de debate social y de reivindicación de los derechos y libertades. Si cedemos un milímetro más sin plantar cara a la adversidad y a la mediocridad de nuestros gobernantes estamos condenados a un silencio culpable, a contribuir por omisión a la pérdida de nuestras libertades y derechos.
[Firman también Carmen Aranegui Gascó, Joan Carles Carbonell Mateu, Antonio Ferrer Manchón, Ivana Frasquet Miquel, María Antonia García Benau, Rosario García Mahamut, Domingo García Rodríguez, Enrique Lanuza Navarro, José López Gracia, Ramón López Martín, Antonio Marcilla Díaz, Juan José Martínez Durá, Ricard Martínez Martínez, Isabel Morant Deusa, Artemi Rallo Lombarte y Vicente Soria Sanchis]
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