Empresarios de clubes tildan
el fin de los anuncios
de "hipócrita"
ANELA emitió este jueves un comunicado en el que tildó de "hipócrita" y "prohibicionista" al Gobierno valenciano por erradicar los anuncios de prostíbulos en sus buses. Esta entidad representa a 80 de los cerca de 2.900 burdeles registrados en España y apuesta por la legalización de la prostitución. Un argumento "postizo", según Cantarero, quien advierte de que, a la luz de las leyes, las casas de citas no procurarían beneficios tan ventajosos a los proxenetas.
"Antes, los chulos se quedaban con gran parte de lo que ganaban las prostitutas. Ahora, aplican la tarifa plana. Es más seguro". Cantarero se refiere así a la férrea estructura interna a la que, destaca, son sometidas la mujeres en los clubs de alterne. "Los amos les alquilan las habitaciones por 60 euros al día y las obligan a trabajar de cinco de la tarde a cinco de la madrugada. Si se duermen y se retrasan, las multan. El 75% del importe de las copas va a la caja del burdel. Y, cada cuatro meses, las chicas se someten a análisis clínicos que corren a cuenta de su bolsillo". Esta explotación se intensifica cuando se trata de inmigrantes a las que cobran cifras desorbitadas por llegar a España.
Uno de los casos más escabrosos de trata lo protagonizó Marcos Montoya, extesorero y vocal de ANELA en el momento de su detención, en junio de 2010, en el aeropuerto de Asunción (Paraguay) cuando se disponía a enviar a una joven a España para prostituirla en alguno de los numerosos locales que regenta.
Según expertos,
los burdeles someten a las mujeres
a una férrea disciplina
Según la Fiscalía paraguaya, Montoya llevaba años trabajando en Asunción y cada semana reclutaba 20 mujeres, que acababan en burdeles españoles después de contraer una deuda de cerca de 3.000 euros por el viaje. Según el escrito de la Fiscalía , "la mayoría creían que viajaban para trabajar como meseras o limpiadoras". El destino que les aguardaba era el de esclavas sexuales para saldar sus deudas con Montoya, que vive bajo arresto domiciliario en Paraguay a la espera de un juicio que le puede suponer 15 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos.
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