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El Gobierno estadounidense ha demostrado en numerosas ocasiones que está siempre presto a quebrantar la Justicia, nacional e internacional, para ocultar sus propios crímenes. No obstante, ahora la Casa Blanca ha entrado en un frenesí sin precedentes, amenazando no sólo a sus rivales sino también a sus aliados y saltándose todos los principios legales y normas diplomáticas, porque el caso Snowden destapa algo todavía más grave: Estados Unidos está regido por un sistema autoritario en la sombra que impone leyes secretas antidemocráticas.
¿Cómo se llama un régimen así? Dictadura, claro. Y, como todos los regímenes dictatoriales, proclama sin cesar que en realidad es el más recto y justo de todos los gobiernos. Aunque pocos ha habido que al mismo tiempo de hacer alarde de lo que carecen, y de dar lecciones morales a todos los demás, se lanzasen a imponer al resto del mundo, a sangre y fuego, su modelo de democracia.
El muy conservador semanario The Economist expuso hace unos días magistralmente (en el artículo Gobierno secreto – América contra la democracia) que gracias al extécnico de la CIA Edward Snowden hemos descubierto mucho más que el hecho de que la National Security Agency (NSA) esté espiando a millones de personas, en EEUU y el resto del mundo, incluidas personalidades amigas y gobiernos aliados, en violación de las propias normas constitucionales estadounidenses. Lo que hemos aprendido es que, bajo la coartada de combatir al terrorismo, Washington ha establecido un sistema de “tribunales secretos que aplican en secreto sus propias interpretaciones secretas sobre precipitadas medidas de seguridad de emergencia” aprobadas sin debate democrático. Un régimen decidido a “perseguir con toda la fuerza violenta de la más poderosa potencia del planeta a cualquiera que se atreva a echar un vistazo tras el velo” que oculta esas actividades antidemocráticas.
El fundamento para esa alegación se puede leer en una extensa crónica de The New York Times que explica cómo los once magistrados que componen la Foreign Intelligence Surveillance Court (conocida como Corte FISA) “se han convertido sigilosamente en algo así como un Tribunal Supremo paralelo” que está sentando jurisprudencia y doctrina constitucional mediante dictámenes reservados, que se ocultan a la opinión pública. Esos once jueces –todos ellos designados por una sola persona: el presidente del Supremo, John Roberts, que tampoco ha sido elegido– han autorizado el espionaje masivo de la NSA, al retorcer la interpretación jurídica de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos frente a los registros y arrestos arbitrarios. Además, la FISA toma todas sus decisiones escuchando a una sola de las partes, el Gobierno, y no ha rechazado ninguna de las operaciones de espionaje que se le han consultado (casi 1.800 el año pasado).
Un tercer artículo (de otro medio aún menos sospechoso de izquierdismo: el Wall Street Journal) nos aclara que “la capacidad de la NSA para recopilar los datos telefónicos de millones de [norte]americanos se sustenta en la redefinición secreta de la palabra relevante”. Así es: la FISA ha dictado, desde mediados de los años 2000, numerosas autorizaciones clasificadas que ampliaban el significado de ese término para que el acopio permitido de “información relevante” para una investigación incluyese la totalidad de gigantescas bases de datos con millones de registros de ciudadanos inocentes.
Los diferentes juristas consultados por estos medios de comunicación coinciden en el gravísimo peligro que supone esa re-interpretación de la doctrina constitucional, que pretende establecer que “relevante” para una investigación es equivalente a “todo”. Así como la arbitrariedad que supone sentar jurisprudencia según la cual el principio legal de “necesidades especiales” (el que permite que nos registren en un aeropuerto, para impedir atentados, o nos sometan a la prueba de alcoholemia, para evitar accidentes) se puede aplicar en cualquier circunstancia cuando las autoridades policiales aducen riesgo para la seguridad nacional… que por su propia esencia están exentos de explicar o justificar.
Es decir, la Casa Blanca (primero bajo George W. Bush, pero ahora incluso más con Barack Obama) ha urdido un entramado secreto jurídico-policial que dicta sentencias y pone en práctica medidas de excepción mediante mecanismos confidenciales totalmente fuera del control de los organismos democráticos electos y ocultándolos a la ciudadanía y a sus representantes surgidos de las urnas. Más aún, como la revelación del funcionamiento de ese régimen autoritario en la sombra pondría (supuestamente) en peligro la misma Seguridad del Estado cuya defensa se arrogan sus cabecillas, cualquiera que denuncie ese sistema injusto e ilegal debe ser perseguido como el peor de los terroristas. Igual que se está haciendo con Snowden.
Pero esa terrible amenaza no va sólo dirigida a whistleblowers (los que tocan el silbato, término inglés para definir a los que dan la alerta de abusos de poder e injusticias que se mantienen ocultas) como Snowden, Bradley Manning o Julian Assange. El artículo del Journal cita a dos senadores del Comité de Inteligencia del Senado (Ron Wyden y Mark Udall) que llevan tiempo protestando de que se está haciendo una “interpretación secreta” del Patriot Act (la ley antiterrorista aprobada tras el 11-S que permitió a Bush cometer las barbaridades de su “guerra contra el terror”) pero que hasta ahora no se habían atrevido a precisar cuál era esa jurisprudencia oculta.
Ahora, las oficinas de esos senadores han admitido por fin al Wall Street Journalque se referían, precisamente, a la nueva interpretación del término “relevante” que ha permitido la monstruosa operación de espionaje masivo ilegal de la NSA. Algo de tanta importancia para la Casa Blanca que está quedando en evidencia como potencia imperial y autoritaria sólo por su afán de vengarse a cualquier precio del que finalmente ha tirado de la manta. ¡Cómo no van a estar aterrados los que osen denunciar esa iniquidad, si hasta los más destacados senadores estadounidenses tienen miedo de revelarla!
De lo que no cabe duda es que la única ley que respeta Washington es la del silencio. Igual que ocurre, al parecer, con el Gobierno del PP. ¿Quizás igual que sucede con todos los gobiernos que se autodenominan demócratas?
Es difícil saberlo, cuando todo aquel que trata de averiguarlo es perseguido implacablemente, con los más poderosos gobiernos del mundo dispuestos a violar cualesquiera leyes o principios para mantener oculta esa realidad.
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