DEFENSA EN BANCARROTA

Manuel Lubary

Escasa o nula trascendencia tuvo la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, para presentar los presupuestos del ministerio para ese año, mas sus declaraciones fueron duras y contundentes: «No deberíamos haber adquirido sistemas (de armas) que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos ni tenemos ahora».
La factura global de los llamados «Programas especiales de armamento», 19 sistemas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías, suman 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que se han pagado algo menos de 5.000 euros. Los restantes 26.000 millones deberían abonarse en sucesivas anualidades hasta 2025, empresa imposible de cumplir si no se amplían los plazos de cumplimiento de pago, con los intereses y perjuicios de demora que ello representa. Ni siquiera es posible recortar los pedidos, pues supone una fuerte penalización que dispararía el coste unitario, además de que no se tuvo en cuenta el alto coste que supone mantenerlas operativas, que equivale a 1.500 millones de euros anuales. 
Los gobiernos de José María Aznar (PP) invirtieron alegremente en la compra de 235 carros de combate Leopard, 190 blindados Pizarro, 68 aviones de combate EF-2000, 27 aviones de transporte A-400-M, 24 helicópteros de ataque Tiger, más de 1.000 misiles de diverso calibre y diversos buques que superan los 23.000 millones de euros, mientras que las adquisiciones de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se centraron más en helicópteros Cougar (4) y de transporte NH-90 (45), sistemas de comunicaciones Nodos CIS (100) y aviones contra incendios CL-415 (2) para su utilización por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en sus misiones de protección civil, pero que suman más de 3.000 millones de euros, a los que hay que añadir 740 más por la adquisición de la segunda serie de buques de acción marítima. 
Si añadimos a esta pésima gestión de adquisición de armamento la contribución de España en sus misiones internacionales, avaladas o no por Consejo de Seguridad de la ONU, observamos que nuestra intervención en Irak nos costó 319 millones de euros; en Bosnia, 1.444 millones; en Kosovo, 1.004 millones; y hasta la fecha, en Afganistán, 1.659 millones. Todo ello sin contar con el coste de nuestra intervención en Líbano, Libia y en otros países como el Congo y diversas acciones humanitarias como Haití, y otras más. 
A título ilustrativo, los presupuestos del Ministerio de Defensa para el año 2008 ascendieron a 8.494.107.080 de euros, con un incremento del 5,63% respecto el año 2007. En el año 2009 el presupuesto ascendió a 8.255.772.260. Siguiendo la línea descendente, para 2010 fue de 7.694.862.260, con una disminución del 6,14% respecto al 2009, a los cuales hay que sumarle el dinero entregado a organismos adscritos al mismo, así como las transferencias entre subsectores (del mismo o de otros ministerios). 
PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado esta bola de nieve que amenaza severamente a nuestra economía, a nuestra liquidez y a nuestros compromisos internacionales. Ambos están de acuerdo en que las medidas que se han de adoptar requieren un pacto de Estado, aunque nunca antes de las próximas elecciones. 
Suma y sigue.